Epístolas Surianas
De Julio Ayala Carlos
- El fertilizante, a rango constitucional
TIENE RAZÓN EL PT. SI DIVERSOS programas sociales están ya en la Constitución, ¿por qué no integrar en ella el programa de fertilizante, que por cierto nació en Guerrero, a fin de que los campesinos, los que cultivan la tierra, tengan la seguridad de que su abono está garantizado, sea del partido que sea el gobierno de la República?
Es, sin duda, excelente la propuesta del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, quien a través del diputado Edgar Ventura de la Cruz, propuso al Pleno una iniciativa de reforma a la Constitución Política federal, para elevar a rango constitucional el programa de fertilizante gratuito. El objetivo, dice la iniciativa, tiene por objeto ampliar la producción agrícola y garantizar la soberanía alimentaria que el país requiere.
Hay que decir que en muchos estados del país, la entrega de fertilizante gratuito es el único apoyo que reciben los campesinos, primero, ante la escases de recursos de los gobiernos estatales, y segundo, por la escasa o nula visión de sus autoridades, que requieren, en vez de mulas, como si estuviéramos en el siglo pasado, maquinaria agrícola, principalmente tractores para intensificar la producción agropecuaria.
Por eso, indudablemente, es buena la propuesta, a fin de que el fertilizante, como ya lo están otros programas sociales, esté contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, en la Carta Magna, para que se garantice su entrega a los campesinos, sea el gobierno que sea, como un acto de justicia para los hombres y mujeres del campo.
Hay que decirlo. El programa de fertilizante tiene muchos años en Guerrero. Sus inicios tienen que ver con el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, con el fin de apoyar a los hombres del campo, con la salvedad de que la inversión era tripartita; un 50 por ciento lo ponía el estado, otra parte los ayuntamientos municipales, y el resto, un 25 por ciento los beneficiarios, con el agravante, por llamarlo así, que el abono era entregado en las cabeceras municipales, siendo el arrastre hasta las comunidades un problema para los beneficiarios.
En efecto, el arrastre del fertilizante hasta las comunidades era un problema para los campesinos, pues en ocasiones salía igual o más caro el que entregaba el gobierno, siendo el entonces alcalde de Tlapa, Victoriano Wences Real, quien además de absorber la parte que le tocaba poner a los beneficiarios, no sólo se comprometió, sino que entregó, por primera vez, el fertilizante gratuito para los hombres del campo, pero además, entregado en sus comunidades, en sus propias casas.
Honor a quien honor merece. Fue el presidente municipal de Tlapa, el primero en entregar el fertilizante sin ningún costo para los campesinos, y fue él, también hay que decirlo, el que se lo propuso al entonces candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, como un acto de justicia para los hombres del campo. Por cierto, fue en el municipio de San Luis Acatlán, entre la Montaña y la Costa Chica de Guerrero.
Lo demás es historia. Ya como presidente de la República, López Obrador asumió como suyo el programa, que por cierto se ha extendido a diversos estados del país. Sin duda es un gran apoyo para los hombres del campo.
No obstante, el problema es que a diferencia de otros programas sociales impulsados por el gobierno federal, el del fertilizante gratuito no fue integrado, como mandato, en la Constitución Federal, de ahí que se hace necesario su inclusión.
Es cierto. Parece difícil que una propuesta surgida de un diputado local, que tiene que ver con una reforma a la Constitución Política, sea tomada en cuenta por la Cámara de Diputados Federal o el Senado de la República; sin embargo, si hay congruencia entre los diputados de Morena y aliados, del Partido Verde y del propio PT, lo harán sin mayor problema.
Sí. Sería un acto de justicia para los campesinos, para los hombres del campo. Ojalá y le hagan caso al PT, lejos de mezquindades y celos políticos.
Por cierto, en el Congreso del estado, hay otra propuesta del PT, a través de la diputada Leticia Mosso Hernández, que tiene que ver con una Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas y Afros, tan necesaria en estos momentos, cuando a nivel federal se ha aprobado una reforma en favor de los pueblos originarios y afromexicanos.
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